El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a reformar la legislación sobre la indemnización por despido improcedente. Esta aprobación, según los informes, se produjo debido a un error de voto de un diputado del Partido Popular, lo que permitió que la propuesta de Sumar saliera adelante.
Es importante destacar que una proposición no de ley no es una ley con efecto inmediato. Su aprobación no cambia la normativa actual de forma automática, sino que se trata de un mandato del Parlamento al Gobierno para que inicie el proceso de reforma legislativa.
Contexto de la reforma
Esta reforma tiene su origen en las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), un órgano del Consejo de Europa. El CEDS ha dictaminado que la legislación española en materia de despido improcedente no es conforme a la Carta Social Europea, ya que considera que la indemnización actual no es “disuasoria” para los empresarios ni “reparadora” para los trabajadores.
Actualmente, la indemnización por despido improcedente en España se calcula en 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. El CEDS y los sindicatos argumentan que esta cantidad es insuficiente y que el despido se ha convertido en una opción “barata” para las empresas, lo que debilita la protección del trabajador frente a los despidos injustificados.
Posibles cambios en la indemnización
Aunque el texto definitivo de la reforma aún no se ha negociado, las propuestas y los debates giran en torno a los siguientes puntos:
- Aumento de la indemnización: Se plantea un posible regreso a la indemnización de 45 días por año trabajado, que era la cifra anterior a la reforma laboral de 2012.
- Indemnización mínima: Se podría introducir una indemnización mínima para todos los despidos improcedentes, que no dependa de la antigüedad ni del salario, para asegurar una protección básica.
- Indemnización “reparadora”: Se busca que la indemnización compense el “daño real” sufrido por el trabajador, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada caso.
- Factores adicionales: Se podría considerar el tamaño de la empresa, su volumen de negocio u otras circunstancias a la hora de calcular la indemnización, con el objetivo de que el despido no sea una opción económicamente viable para las empresas.
Reacciones y próximos pasos
La aprobación de esta proposición no de ley ha generado diferentes reacciones. Mientras que los sindicatos y el socio de gobierno Sumar han celebrado la decisión, la patronal se ha mostrado en contra de cualquier medida que incremente los costes del despido. El Gobierno, por su parte, se verá obligado a iniciar un diálogo social con sindicatos y patronal para desarrollar una normativa que cumpla con las exigencias europeas.