Los bomberos forestales públicos denuncian que la Comunidad de Madrid no cumple la ley

Tras 1.145 días de huelga indefinida, los trabajadores exigen la aplicación de la Ley Básica de 2024 mientras el Gobierno de Ayuso bloquea las negociaciones pasándose la pelota entre consejerías.

Al grito de ‘La ley se cumple, las mejoras se negocian’, los bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid han vuelto a concentrarse frente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Representantes del comité de huelga registraron una carta dirigida a la consejera exigiendo el desbloqueo de unas negociaciones paralizadas bajo una excusa que consideran “ilegal”: la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 afirma que Hacienda les prohíbe sentarse a negociar mientras continúen los paros.

“Nuestro conflicto es con Emergencias, pero la excusa que nos dan es que Hacienda prohíbe negociar mientras haya una huelga”, explica Óscar de Castro, secretario del comité de huelga, denunciando la estrategia del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de pasarse la pelota de una consejería a otra ante un conflicto que arrastra ya más de tres años.

Contratos temporales para una profesión de alto riesgo

El núcleo de la protesta radica en la estacionalidad obligada (trabajan solo el 50,14% del año, de mayo a octubre) y el flagrante impago de la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada en 2024. Esta normativa reconoce a nivel estatal la categoría profesional del bombero forestal, pero el Gobierno regional sigue sin adaptarla a su servicio público. Como consecuencia directa, gran parte de la plantilla sigue contratada bajo categorías ajenas a sus funciones reales, constando administrativamente como “conductores” o como “personal de atención al usuario” en el caso de los vigilantes forestales.

La peligrosidad es una reality incuestionable: accidentes recientes han dejado a trabajadores en la UCI o atrapados por las llamas, como ocurrió en el incendio de Heraldo de Pinares (Ávila). Sin embargo, la falta de reconocimiento y las precarias condiciones laborales están empujando a la plantilla al abandono del servicio.

Abandono preventivo y “ERE encubierto”

Los trabajadores denuncian que la falta de actividad preventiva durante los meses de invierno impide preparar los montes adecuadamente, ignorando la utilidad estratégica del cuerpo en las zonas de interfaz (donde el monte colinda con las viviendas). En paralelo, conviven con deficiencias organizativas graves: “Hay compañeros que pasan jornadas enteras veinte personas en una sala de vending mirando al techo” debido a la falta de medios y vehículos, además de recibir equipos de protección con trazabilidad no garantizada y mascarillas caducadas.

A esta situación se suma la denuncia de un “ERE encubierto” ejecutado por la administración. Según explica De Castro, el Gobierno regional aceleró los procesos de estabilización mediante un concurso de oposición libre justo antes de que entrara en vigor la Ley de Estabilización nacional, la cual habría permitido consolidar las plazas únicamente por méritos. El resultado fue el despido del 40% de la plantilla, deshaciéndose de empleados con amplia experiencia y antigüedad laboral.

“Nos sentimos como becarios sacrificables”, lamentan los profesionales, quienes recuerdan que a pesar de haber superado una oposición siguen siendo tratados como personal temporal y sin igualdad de derechos frente a los bomberos estructurales. El comité recalca que este abandono institucional merma directamente la capacidad de la región para enfrentar la crisis climática y evitar tragedias como el devastador incendio de Tres Cantos en 2025. “Que esto siga ocurriendo con el capital humano y la técnica de la que disponemos es, sencillamente, absurdo”.