104 muertes en dos meses: la cifra trágica que demuestra la quiebra de la prevención laboral y el coste en vidas de la precariedad
Análisis de las demoledoras estadísticas de siniestralidad laboral: más de un centenar de trabajadores fallecidos en solo 60 días en el Estado, la mercantilización de los servicios de prevención y la urgencia de paralizar los tajos sin seguridad.
Las frías estadísticas oficiales sobre siniestralidad laboral han vuelto a certificar una matanza cotidiana que la patronal y las administraciones públicas intentan normalizar como si de inevitables “riesgos del oficio” se tratara: 104 trabajadoras y trabajadores han perdido la vida en accidentes de trabajo en apenas dos meses en el Estado español. Esta sangría incesante —más de un fallecimiento diario— no es fruto de la mala suerte ni del azar, sino el resultado directo de un sistema productivo asentado en la subcontratación en cadena, el deterioro de las condiciones de trabajo, la sobrecarga física y el fraude generalizado de una prevención reducida a papel mojado.
Las causas de la sangría: atrapamientos, caídas, infartos y sobreesfuerzos
El desglose de los datos oficiales revela que la mayoría de los accidentes mortales se producen por causas perfectamente conocidas, previsibles y evítables con medidas técnicas y organizativas elementales. Tanto en el trabajo a la intemperie (jardinería, agricultura, servicios urbanos o construcción) como en talleres, industrias y el sector servicios, los factores letales recurrentes son:
El fracaso de la prevención mercantilizada y la impunidad patronal
Que se produzcan 104 muertes laborales en apenas 60 días demuestra el rotundo fracaso del modelo preventivo privatizado en el Estado. Las empresas tratan la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) como una molestia burocrática o un mero coste a recortar, contratando Servicios de Prevención Ajenos que elaboran evaluaciones de riesgos estándar en un despacho, sin pisar jamás los tajos ni verificar si las plantillas cuentan con EPIs o formación adecuada.
A esta mercantilización se suma la infradotación de la Inspección de Trabajo, que impide fiscalizar eficazmente el cumplimiento de la norma en los centros de trabajo. Las multas por infracciones graves en prevención siguen resultando irrisorias para la gran patronal y las contratas públicas, saliéndoles mucho más barato pagar una sanción eventual que invertir en la seguridad y salud de sus trabajadores.
🌱 La postura de CGT: la salud no se negocia, la vida en el tajo se defiende
Desde CGT denunciamos que los accidentes laborales no son inevitables: son homicidios patronales por imprudencia, fruto de la codicia empresarial y de la complicidad institucional. Detrás de cada uno de estos 104 fallecidos hay una familia destrozada y una empresa que priorizó sus márgenes de beneficio o el cumplimiento de los pliegos por encima de la vida de un ser humano.
Exigimos la tipificación penal contundente para los empresarios y mandos que pongan en riesgo la vida de las plantillas, la erradicación de las subcontratas en cadena, la presencia de delegados de prevención con competencias reales de paralización de los tajos inseguros y la internalización de los servicios de prevención.
¡Ningún trabajo vale una vida! ¡Frente al terrorismo patronal en los centros de trabajo: organización asamblearia, autodefensa preventiva y paralización inmediata del trabajo ante el menor riesgo!