Entre la violencia de los desahucios y el filibusterismo de los decretos: por qué solo la movilización garantizará un techo
El desahucio de Maricarmen destapó el colapso del sistema inmobiliario. Tras la caída de los parches legislativos en el Congreso y su reaprobación exprés vía Diputación Permanente, analizamos la urgencia de organizar la Huelga General desde abajo.
El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha hecho saltar la acampada de la Puerta del Sol y ha extendido por todo el Estado un clamor por la vivienda. Estamos hartas de los discursos reaccionarios de la derecha y del neoliberalismo, y de la vergonzosa respuesta de la izquierda parlamentaria. No aceptamos legitimar la especulación ni el derecho de los rentistas a extraer beneficio de nuestra fuerza de trabajo. No aceptamos que la vivienda sea una mercancía sujeta a las dinámicas salvajes del mercado inmobiliario, ni la criminalización de quienes no pueden acceder a un alquiler o una hipoteca en condiciones.
1. La realidad del mercado: datos que desmienten el relato meritocrático
Según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hace una década el 50 % de los desahucios era de alquileres, mientras que en 2025 alcanzaron el 75 %. Estos datos no son fortuitos: están directamente ligados a la pérdida drástica del poder adquisitivo de la clase trabajadora frente a la espiral inflacionista del mercado inmobiliario.
📉 El colapso en 25 años: En el año 2000, una persona con contrato indefinido y sueldo medio accedía a una hipoteca con 31 años y la pagaba en 20 años. En 2025, una persona en las mismas condiciones laborales compra una propiedad con 42 años y tarda 25 años en pagarla. El argumento meritocrático cae por sí solo.
💰 El dominio del gran capital: El mito de la meritocracia se derrumba definitivamente al constatar que en 2025 el 35 % de las viviendas se pagaron al contado. ¿Cuántas personas trabajadoras, por muchas horas que echen en los tajos, pueden pagar un piso al contado? Estos pisos son adquisiciones de grandes tenedores y fondos buitre que ahogan a las familias con la complicidad de las instituciones.
2. Violencia estructural y la trampa del asistencialismo estatal
El Estado trabaja al servicio del capital ejerciendo una violencia institucional diaria. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda, como en el desahucio de Maricarmen en Madrid. Avala un poder judicial que ejecuta lanzamientos incluso con protocolos antisuicidio activados —con consecuencias fatales como los suicidios de Olga o Javier en L’Hospitalet— y mantiene un poder legislativo que lleva años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha puesto freno a la precarización. Medidas como el bono de alquiler joven o las bonificaciones del IRPF a rentistas son una transferencia descarada de dinero público a manos privadas. Del mismo modo, el traspaso de 40.000 inmuebles de la SAREB a la nueva entidad estatal Casa 47 perpetúa el modelo al excluir a rentas inferiores a dos veces el IPREM, repartir pisos por sorteo y externalizar su gestión a servicers bancarios, mientras continúan los desahucios a las familias que ya habitan en ellos.
3. Del fracaso en el Pleno al atajo de la Diputación Permanente
El denominado «decreto Maricarmen» nació troceado en dos textos como fruto exclusivo de la presión popular acumulada en las calles. Sin embargo, la estrategia de dividir las medidas para facilitar su negociación provocó su estrepitoso rechazo y derogación en el Pleno del Congreso el pasado viernes.
Tras este revés y en vísperas del adelanto electoral, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar de urgencia ambos Reales Decretos-Leyes. Al estar las Cortes disueltas, el Ejecutivo fía su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso, un órgano reducido donde la aritmética parlamentaria cambia y el voto en contra de formaciones como Junts deja de ser suficiente para tumbar las normas.
⚠️ ¿Por qué estos decretos no resuelven la crisis?
- Subvención al rentismo: Mantienen bonificaciones de hasta el 100 % del IRPF a propietarios por no subir o rebajar un 5 % las rentas, indemnizando con recursos públicos la extracción de beneficio.
- Foco en el crédito y la compra: Incorporan miles de millones en líneas de avales y préstamos para la compra de primera vivienda, inflando la demanda y realimentando la espiral de precios en lugar de intervenir el mercado.
- Límites timoratos a los fondos: Prohíben comprar pisos por debajo del 70 % de su precio de mercado, ignorando la exigencia popular de prohibir totalmente la venta de vivienda a fondos buitre.
4. Superar la paz social: organizar la Huelga General desde los centros de trabajo
Al Gobierno no le convenceremos con declaraciones ni con regateos de partido. Frente al mero electoralismo, la clase trabajadora debe utilizar su herramienta más potente: la Huelga General. Tras el XX Congreso de la CGT en Parla, el sindicato ha asumido el compromiso firme de articular con el movimiento de inquilinas y la red social un paro general de 24 horas.
Para que la huelga sea una realidad masiva es urgente organizarse en los barrios y en los centros de trabajo. Es necesario que las plantillas de las contratas de jardinería y servicios públicos exijamos a las burocracias de CCOO y UGT que rompan su histórica paz social con la patronal inmobiliaria y se sumen sin medias tintas al clamor de las calles.
✊ Reivindicaciones innegociables por el derecho a un techo:
- Paralización inmediata y definitiva de todos los desahucios de vulnerables.
- Cierre sistemático y prohibición de los pisos turísticos en barrios tensionados.
- Intervención de precios: Topar legalmente el alquiler para que no supere el 20 % del salario medio.
- Expropiación sin indemnización de los inmuebles en manos de bancos, fondos buitre y grandes tenedores.
- Parque público de alquiler social bajo control y gestión 100 % pública y comunitaria.