Balance general del Gobierno «progresista»: ocho años de medidas antiproletarias bajo el relato oficial

Más de 24.500 desahucios anuales, 3,5 puntos de poder adquisitivo perdidos, gasto militar récord y la Ley Mordaza intacta: un repaso exhaustivo al balance de una legislatura agotada por los recortes y el desamparo de la clase trabajadora.

Más de 24.500 desahucios anuales, 3,5 puntos de poder adquisitivo perdidos, gasto militar récord y 1,38 millones de sanciones con la Ley Mordaza intacta: repaso a los ocho años de medidas antiproletarias. La legislatura del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que concluye con el adelanto electoral del 29 de noviembre de 2026 deja un balance de medidas perjudiciales para la clase trabajadora que han sido presentadas como “progresistas” por el Ejecutivo y sus aliados. Así lo indica una extensa hemeroteca de informes, críticas de entidades sociales, medios alternativos y organizaciones políticas situadas a su izquierda.

«La legislatura de la vivienda»: ¿Para quién?

La vivienda se ha consolidado como la primera preocupación social y el detonante de la crisis política final, como ya advertían incluso algunos exasesores del propio Sánchez: el precio medio del alquiler alcanzó los 1.184 euros mensuales a finales de 2025, con una subida interanual del 5,9% tras el 11,3% de 2024; en grandes ciudades se destina hasta el 40% de los ingresos netos al alquiler. Los desahucios se mantienen en decenas de miles anuales, y entre el 74% y el 75% son por impago de alquiler, según ATTAC y los movimientos de vivienda.

La moratoria de desahucios no paralizó entre siete y ocho de cada diez desahucios que podía evitar: en la última década se ejecutaron 425.262 desahucios en el Estado, 116,6 al día, y con la moratoria en vigor fueron 187.794, 85,8 diarios. Solo las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca pagaron 1,7 millones de euros de dinero público a rentistas en compensación por la moratoria. Los Mossos d’Esquadra destinaron en cinco meses 713 dotaciones de antidisturbios para proteger 1.361 lanzamientos en Catalunya, con 14 detenidos y 338 denuncias administrativas a militantes del movimiento de vivienda; es decir, un millón de euros solo en sueldos de antidisturbios para desahucios en cinco meses. El coste estimado de un solo operativo policial de desalojo (5.257 euros en salarios) equivale a casi un año de alquiler social para una familia. Es decir, la Generalitat gobernada por el PSC invierte más en desahuciar que en evitar que la gente se quede en la calle. El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en Madrid en septiembre de 2026, ha sido la guinda del pastel que ha detonado las acampadas en curso en la Puerta del Sol y las manifestaciones masivas que han sacudido el país.

El “decreto-trampa” que presentó el Gobierno tras el estallido social por el desahucio de Maricarmen en el Congreso fue rechazado el pasado 2 de octubre. Este decreto incluía un “paraíso fiscal para rentistas”: hasta un 100% de reducción en el IRPF para los caseros que bajaran mínimamente el alquiler, frente a un 10% para los inquilinos. Según datos de Gestha, solo 121.573 inquilinos se beneficiaban de la deducción residual por alquiler (un alivio medio de 212 euros), mientras más de dos millones de rentistas disfrutaban de un regalo fiscal medio superior a 3.000 euros. De cada 100 euros que cobran los rentistas por alquiler, apenas 24 llegan a Hacienda, mientras un asalariado con 30.000 euros brutos paga 4.926 euros de IRPF. Un rentista con 100.000 euros de alquiler paga 5.434 euros de IRPF sin trabajar; un asalariado con el mismo sueldo, 32.119. Las deducciones fiscales a los rentistas restaban cada año más de 1.200 millones de euros a las arcas públicas: el equivalente a ocho hospitales públicos de tamaño medio o al salario de más de 30.000 docentes. La AIReF ya advirtió de que la medida era regresiva: el 1% de los declarantes con mayores rentas concentraba el 15% del beneficio, mientras que el 50% con menores rentas apenas percibía el 5%.

Además, el decreto tampoco prohibía a los fondos buitre: solo limitaba temporalmente (hasta el 31 de diciembre de 2028) las compras por debajo del 70% del precio de tasación, sin fijar quién debía tasar. En la práctica, quien compraba podía encargar una tasación a la baja y sortear el umbral. Poco antes, el Congreso rechazó por segunda vez la proposición para prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos, con el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts y la abstención del PSOE, PNV y Coalición Canaria. Mientras tanto, BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, sitúa al mercado español como “su principal apuesta de inversión a nivel global”, con una previsión de rentabilidad superior al 10%, y ya administrando unos 104.000 millones de euros en el Estado. Solo entre enero y junio de 2026, los extranjeros no residentes han acaparado 22.610 viviendas, con el beneplácito del Gobierno.

Todo esto se construye sobre una asimetría democrática flagrante. Los inquilinos representan el 20,8% de la población (unos 9 millones de personas), mientras los rentistas son el 4,9% (unos 2,2 millones). Esto quiere decir que hay cuatro veces más inquilinos que caseros. Sin embargo, los rentistas cuentan con lobbies como Asval, carteras ministeriales (altos cargos de vivienda del PSOE, como Helena Beunza, exsecretaria general de Vivienda, han pasado a liderar Asval) y una sobrerrepresentación parlamentaria que bloquea los límites de precios. En el Congreso, el 85% de los diputados son propietarios de al menos una vivienda, frente al 73% de la población, y el 20% tienen tres o más. El mito del “pequeño casero” es utilizado recurrentemente por la derecha y el PSOE para oponerse a regulaciones más fuertes, a pesar de que los datos muestran que los multiarrendadores particulares con dos o más viviendas, las personas jurídicas y la vivienda pública suman en torno al 61% de las viviendas alquiladas. Las encuestas muestran un amplio respaldo social a los límites de precios, incluso entre votantes del PP y Vox, pero la traducción legislativa es muy limitada. La moratoria de desahucios, presentada como “escudo social”, solo se aplicó en uno de cada cuatro casos en los que era posible, según el Observatori DESCA.

Retroceso en el salario real y pensiones de suma cero

En el plano económico, la legislatura registró récords de afiliación y un paro en torno al 9-10%, con el SMI acumulando una subida nominal del 60-66% desde 2018 y la reforma laboral reduciendo la temporalidad. Sin embargo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha sufrido una pérdida histórica acumulada considerable: los salarios pactados crecieron un 17,8% entre 2020 y 2025, frente a unos precios que subieron en torno al 22%, lo que supone una pérdida neta de 3,5-4 puntos del salario real. El salario mediano y modal, por su parte, se concentra cerca del SMI, y los estratos medios siguen disolviéndose. Uno de cada seis hogares con hijos y empleo percibe salarios de miseria, según Save the Children, situando al Estado español como “subcampeón” en pobreza infantil en la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria y superando incluso a Rumanía. España ha batido también récords en pluriempleo, con 651.200 personas con dos trabajos. La alimentación se encareció un 34% en períodos recientes. La productividad permanece estancada, con los salarios también estancados y el PIB por ocupado similar o inferior a 2018 en algunos cálculos.

La revalorización de las pensiones con el IPC (Ley 21/2021) se ha presentado como uno de los principales logros del Gobierno: un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026, con subidas mayores para las mínimas y no contributivas. La pensión media del sistema se sitúa en 1.374,6 euros mensuales (septiembre de 2026) y la de jubilación en 1.576,1 euros, con una nómina mensual récord de unos 14.500 millones de euros y un gasto acumulado de más de 138.000 millones en los primeros nueve meses de 2026. El gasto se sitúa en torno al 13% del PIB, con proyecciones de subida hacia el 14% o más. Sin embargo, el problema no es solo el gasto, sino cómo se financia. En lugar de ampliar la base de financiación hacia beneficios empresariales, dividendos, plusvalías, grandes patrimonios o rentas del capital, el Ejecutivo ha priorizado el incremento de cotizaciones sociales sobre la masa salarial. Estas medidas generan miles de millones de ingresos adicionales (solo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aporta varios miles de millones anuales), pero recaen directamente sobre todo en la renta disponible de los trabajadores activos. Aún así, uno de cada dos pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes y el 57% no alcanza el salario mínimo.

Además, el Gobierno también ha aplicado numerosas medidas regresivas en el sistema de pensiones: subió la edad de jubilación a 66 años y 10 meses e impulsa fórmulas como la “jubilación activa” para que los pensionistas vuelvan a trabajar. En consecuencia, las jubilaciones demoradas han incrementado un 109% en tres años, y se estima que más de un 30% alcance los 68 años antes de retirarse en un futuro cercano.

Récord histórico en gasto militar y rearme

El gasto militar ha marcado un récord histórico, consolidando al Gobierno de PSOE-Sumar como “el Gobierno más militarista de la historia”, si se atiende a los presupuestos militares y la ayuda bélica prestada a Ucrania: ha multiplicado por 6,5 el gasto militar, alcanzando los 4.750 millones de euros en 2025, un aumento del 550% respecto al periodo 2013-2024, con un 43% del presupuesto concentrado en 15 empresas, según un estudio de BBVA. Entre el último martes de agosto y el primer martes de septiembre de 2026, Moncloa aprobó más de 6.800 millones más de gasto militar, medidas que adopta sin pasar por el Congreso y modificando sustancialmente los Presupuestos Generales del Estado. En diciembre de 2025, Sánchez ya llevaba 60.000 millones de euros reconducidos al rearme por “decretazo”.

Con estos métodos de cuestionable naturaleza democrática, el Estado español alcanzó el 2% del PIB en gasto militar en 2025, adelantándose al compromiso de 2029, con 33.123 millones de euros según la OTAN y el Gobierno, y 34.265 millones (2,1% del PIB) según el SIPRI. El Centre Delàs eleva el gasto real a 39.000-40.000 millones de euros (≈2,5% del PIB) al incluir partidas dispersas como I+D, Guardia Civil, intereses de deuda y misiones. Desde 2018, el crecimiento supera el 140%. La presión de Donald Trump y la OTAN para elevarlo al 3,5-5% no se ha cumplido de momento, cumpliendo con el 2% establecido previamente y con compromisos de aumentarlo hasta la nueva meta de gasto del 5% del PIB que establece la Alianza.

Gestos por Palestina y relaciones con Israel intactas bajo la mesa

En relaciones con Israel, el Gobierno español reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 junto a Irlanda y Noruega, reconoció el genocidio contra el pueblo palestino, e impuso un embargo de armas formal y sanciones formales. Sin embargo, numerosos movimientos sociales e informes del Centre Delàs y la campaña Fin al comercio de armas con Israel (RESCOP) han documentado que se trata de pura fachada: gestos simbólicos y retórica fuerte frente a la continuidad e incluso el reforzamiento de lazos comerciales, tecnológicos, universitarios y logísticos con el aparato militar y colonial israelí. Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Sánchez adjudicó al menos 46 contratos a la industria militar israelí (o filiales y UTEs con participación israelí) por un precio superior a 1.044 millones de euros. Diez de ellos, por unos 817 millones, aún no formalizados, podían haberse anulado, pero Moncloa optó por no hacerlo. En marzo de 2026, el Centre Delàs actualizó que los contratos en vigor sumaban 1.208 millones de euros, incluyendo misiles Spike LR2 (287 millones), el sistema lanzacohetes SILAM (697 millones) y el acuerdo marco POD Designador (207 millones). El Real Decreto-ley 10/2025 (septiembre de 2025), presentado como respuesta a la presión popular, no anuló ninguna adjudicación posterior al 7 de octubre. El Ministerio de Defensa anuló anuncios de formalización de 35 contratos, pero no los contratos en sí. De hecho, se aprobaron excepciones que permiten integrar componentes israelíes en aeronaves (A400M, A330MRTT, C295, dron SIRTAP). Al menos 134 operaciones de compraventa de armas (exportaciones, importaciones, adjudicaciones y tránsitos) se registraron desde octubre de 2023. España lideró la UE en importación de armas y municiones israelíes en periodos de 2025, con más de 33 millones solo en bombas en un mes de abril. Además, el Gobierno justificó abiertamente saltarse el falso embargo “para proteger la industria armamentística española”. Rafael Advanced Defense Systems desmintió haber recibido notificación oficial de cancelación de contratos. Se mantuvieron nueve contratos militares tras anunciar solo una rescisión: la de balas de 9 mm para la Guardia Civil.

El tránsito de armamento y logística también continuó. Medios internacionales (The Ditch, marzo de 2026) destaparon cargueros con toneladas de bombas y munición de Elbit Systems que atravesaron aguas españolas con autorización, con destino a Haifa e IMI Systems. Durante meses, se documentaron múltiples escalas de material del código 93 (“armas y municiones”) en puertos y aeropuertos españoles (Rota, Algeciras, Estrecho) procedentes de EEUU o con destino a la Palestina ocupada por Israel. El Gobierno no impidió estos tránsitos pese al discurso de embargo.

En septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) elevó a 214 el número de empresas vinculadas a la colonización israelí en territorio palestino ocupado ilegalmente. Tres del Estado español permanecen o se incorporan: CAF e Ineco (ya listadas) y Salvat Logística (nueva, clasificada como “directamente vinculada”). ACS y SEMI salieron. El Gobierno no impuso sanción alguna; al contrario, mantuvo contratos públicos con Ineco (empresa pública) y créditos FIEM de 750 millones a CAF para ventas a Marruecos. Veinte universidades del Estado español mantuvieron proyectos europeos (Horizonte Europa) con entidades israelíes vinculadas al sector militar o de uso dual, captando unos 6,6 millones de euros, pese a haber anunciado boicots o revisiones de relaciones. Ejemplos: proyectos con Mellanox (microchips usados por Israel Aerospace Industries), Weebit Nano, etc. Incluso la Comisión Europea admite que es “imposible descartar” aplicaciones militares.

Al menos 451 colonos españoles con pasaporte israelí participaron en operaciones del ejército israelí en Gaza, según datos de las propias FDI vía Declassified UK. España ocupa el puesto 21 en el ranking de ciudadanos extranjeros en las filas israelíes. No hay investigación conocida de la Audiencia Nacional ni de la Fiscalía por posibles crímenes de guerra o genocidio. En cambio, se investiga, detiene y juzga a internacionalistas propalestinos desde estas mismas instancias. El Gobierno concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a una soldado hispano-israelí muerta el 7 de octubre de 2023, sin equivalente para víctimas hispano-palestinas.

Represión y reforma autoritaria del Estado: la Ley Mordaza sigue viva

La represión de movimientos políticos y sociales también deja cifras récord. La derogación de la Ley Mordaza, uno de los buques insignia de campañas anteriores del PSOE, no fue derogada pese a las promesas de hacerlo “en cuanto llegaran al Gobierno”. Nada más lejos de la realidad: han pasado ocho años de «Gobierno progresista» y la Ley Mordaza sigue en pie como instrumento represivo eficaz contra la clase obrera. Desde su aprobación se han impuesto más de 1.380.000 sanciones por un importe superior a 1.300 millones de euros; solo en 2023 se registraron 284.512 actas (+17%). El informe Defender a Quien Defiende (2025) registra 380 casos de vulneraciones al derecho de protesta, casi 2.000 incidentes y más de 1.700 afectados vinculados directamente a esta ley, una tendencia que se ha repetido año tras año. La represión de 2025 se concentró en solidaridad con Palestina (90 casos), vivienda y ocupación (67) y antifascismo (≈61). Solo en Iruñea (Nafarroa), se han registrado cuatro operaciones policiales contra antifascistas en lo que va de 2026; ninguna, en cambio, contra los fascistas. También han aumentado los casos de brutalidad policial, detenciones, multas y se registraron hasta 13 gravísimas infiltraciones policiales en movimientos sociales, denunciadas incluso por la ONU. El Gobierno español, lejos de sancionar estas prácticas, las ha justificado públicamente, ha promocionado a los mandos policiales responsables y ha sancionado a los periodistas y sancionado y arrestado a militantes que han investigado los casos. Mientras tanto, el movimiento de vivienda también acumula cientos de miles de euros en multas por resistencia contra los desahucios.

En febrero de 2026, el Congreso aprobó de forma definitiva la proposición de ley de Junts (pactada con PSOE, PP y Vox) que reforma el Código Penal para imponer penas de prisión de 6 a 18 meses por tres hurtos leves reiterados, aunque el valor acumulado no alcance los 400 euros. Incluso los socios de investidura del PSOE (Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG) votaron en contra y denunciaron que criminaliza la pobreza y la supervivencia de migrantes y personas en exclusión. En octubre de 2026, el Senado aprobó (PSOE + PP + PNV) la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que reconoce a los carceleros como agentes de la autoridad y les otorga presunción de veracidad, invirtiendo la carga de la prueba en denuncias de malos tratos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil ampliaron el arsenal de pistolas eléctricas Taser hasta 3.400 unidades (3.000 PN + 400 GC; GC planea 800 más hasta 2028). Entre 2025 y los primeros 77 días de 2026 se usaron en 185 ocasiones (una cada 57 horas), e Interior no tiene constancia de ningún expediente sancionador por uso indebido. La muerte de Haitam Mejri (Torremolinos, diciembre de 2025) tras más de diez descargas se archivó sin interrogar a los agentes. Desde enero de 2020 hasta mayo de 2025 se registraron al menos 148 “muertes” bajo custodia o en actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil (43 “accidentales”, 12 “suicidios”, 93 “naturales”; casualmente, ninguna fue clasificada como homicidio). En 2023, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al menos 29 policías cumplían condena por tortura o malos tratos (además de 59 por abusos sexuales y 43 por homicidios). El “Defensor del Pueblo” se negó en 2026 a elaborar un informe extraordinario sobre tortura pese a la petición de 13 organizaciones de derechos humanos. El TEDH ha condenado al Estado español hasta en 13 ocasiones por no investigar torturas, y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era juez instructor en seis de esos casos. En abril de 2026, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid destapó a la última agente infiltrada (“Fátima García Vázquez”), la decimotercera descubierta en movimientos sociales y políticos en las últimas dos legislaturas.

Aunque el discurso oficial niegue que en el Estado español existan presos y represaliados políticos, lo cierto es que la legislatura mantuvo y prolongó el encarcelamiento de militantes independentistas, comunistas, antifascistas, sindicalistas y solidarios con causas internacionales, aplicando una política penitenciaria de excepción que exige arrepentimiento ideológico como condición para beneficios y niega la libertad anticipada incluso a enfermos graves. Pablo Hasel ha cumplido más de cinco años de prisión por canciones y tuits, con 14 meses adicionales pendientes; cerca de 200 catedráticos de más de 100 universidades de 24 países exigieron su liberación. Lucio García Blanco (PCE-r, 75 años) fue liberado el 26 de abril tras agotar íntegramente más de 30 años de condena en Villabona, con demencia senil, Alzheimer y lesiones crónicas de torturas; el Estado le negó la libertad condicional por no arrepentirse e incluso le denegó varias visitas, realizando 23 huelgas de hambre. María José Baños Andújar (GRAPO) fue liberada el 30 de abril de 2026 tras una intensa campaña solidaria, con un “cuadro médico devastador y en inminente riesgo de muerte”. Los 6 de Zaragoza cumplieron dos años de encarcelamiento en abril de 2026; el Gobierno concedió indultos parciales en septiembre de 2025 que liberaron a Adrián y Javitxu, pero Imad y Daniel permanecen privados de libertad, cumpliendo 900 días de condena el pasado 2 de octubre. Las 6 de La Suiza lograron el tercer grado ocho días después de ingresar en julio de 2025 gracias a la presión social. Asier y Youssef, militantes internacionalistas vinculados a Samidoun/Iranekin Bat, fueron detenidos en 2026 acusados de “vínculos con Hezbollah” por gestionar un canal de Telegram sobre Palestina, organizar colectas solidarias para el Líbano y organizar charlas del embajador de Irán.

Política migratoria: discurso regularizador y refuerzo de la represión exterior

En materia migratoria, la legislatura ha combinado un discurso propagandístico de “migración segura, ordenada y regular” con la mayor regularización extraordinaria selectiva en dos décadas y, al mismo tiempo, el refuerzo de mecanismos de control, externalización hacia Marruecos y Mauritania (en este segundo caso, incluso con cárceles para migrantes que incluyen cunas para bebés), y la persistencia de muertes, abusos y privación de libertad. El Real Decreto 316/2026 abrió un plazo de solicitudes entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026 para quienes estuvieran en el Estado español antes del 1 de enero de 2026, con al menos cinco meses de permanencia. Se presentaron más de 1,17-1,2 millones de solicitudes, muy por encima de la estimación inicial de 500.000. La autorización concedida es de un año de residencia y trabajo, tras el cual debe solicitarse una modificación a una autorización ordinaria o una prórroga excepcional. La medida excluye a quienes llegaron después del 31 de diciembre de 2025, a personas con antecedentes penales, a beneficiarios de protección temporal (principalmente ucranianos) y a quienes ya tenían autorización en vigor; en total, unas 340.000 personas excluidas de la regularización. Además, el Gobierno eliminó la vía rápida de regularización para miles de ciudadanos venezolanos tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de EEUU y el cambio de liderazgo en Caracas.

Caminando Fronteras documentó 3.090 personas fallecidas o desaparecidas en 2025 intentando llegar al Estado español (1.906 en la ruta canaria, la más letal) y 1.317 víctimas entre enero y mayo de 2026. Todas ellas fallecieron intentando acceder de forma no segura, a falta de canales para migrar de forma segura. Pese al descenso de llegadas, la letalidad relativa aumentó: en la ruta canaria se pasó de 14 muertes por cada 100 llegadas en 2025 a 21 en 2026. Amnistía Internacional documentó 22 casos de tortura o tratos crueles atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas españolas tras la entrada masiva del pasado julio en Ceuta. En 2025 se ejecutaron 3.398 expulsiones, un 12% más que en 2024 y la cifra más alta en cinco años. En 2024 ingresaron 1.863 personas en CIE, el 70% por mera estancia administrativa irregular, y casi la mitad no fueron repatriadas. La red CIEs No y el SJM denunciaron internamientos y deportaciones de personas que estaban solicitando la regularización, denunciando el “racismo de Estado”. Las tragedias de El Tarajal (2014) y Melilla (2022), con decenas de personas migrantes muertas e impunidad institucional persistente, comparten el mismo patrón de uso de la violencia, devoluciones en caliente y ausencia de responsabilidades penales. También pone de manifiesto que este sistema ha seguido vigente durante la etapa de Sánchez, pese a las investigaciones y denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Cascada de casos de corrupción en lo más alto del PSOE

Múltiples tramas de corrupción han atravesado la legislatura de arriba abajo, conduciéndola al borde del precipicio. El pasado 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó por unanimidad al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses y 1 día por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Los hechos probados incluyen la adjudicación irregular de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama; una remuneración mensual de 10.000 euros para “gastos fijos” de Ábalos y Koldo entre octubre de 2019 y junio de 2022; la contratación irregular de dos “conocidas” del exministro y exsecretario de Organización del PSOE en empresas públicas; y contratos de arrendamiento con opción a compra de viviendas en Madrid, Marbella y La Línea vinculados a gestiones como el rescate de Air Europa o una licencia de hidrocarburos. Víctor de Aldama fue condenado a 4 años y 6 meses, pero el tribunal suspendió la ejecución de la pena por su colaboración cualificada. La sentencia destaca el “grave deterioro de la confianza ciudadana”.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, otro hombre de confianza de Sánchez, también está investigado en la pieza de obra pública del caso Koldo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, con beneficios superiores a 300.000 euros para él y su familia; ingresó en prisión provisional el 30 de junio de 2025 y fue puesto en libertad el 19 de noviembre de 2025 tras 142 días, con medidas cautelares. También está investigado en el caso Leire (“cloacas del PSOE”) por la presunta financiación de una trama de fontanería política destinada a atacar causas judiciales que afectaban al Gobierno. En consecuencia, la UCO entró en la sede federal del PSOE en Ferraz el 20 de junio de 2025 para clonar la cuenta de correo de Cerdán, y el 27 de mayo de 2026 intervino agendas, discos duros y libros contables. Los informes de la UCO sitúan el origen de los fondos y medios logísticos de la presunta trama en el propio PSOE, y la acusación popular ha solicitado la imputación del partido como persona jurídica por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación.

Begoña Gómez, esposa del presidente, tiene juicio oral con jurado popular por tráfico de influencias y malversación, junto a su exasesora Cristina Álvarez. David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en julio de 2026 a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en la Diputación de Badajoz. Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, fue condenado en diciembre de 2025 a 2 años de inhabilitación, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por revelación de secretos, la primera condena de un fiscal general en tiempos constitucionales. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, fue imputado en mayo como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” por el rescate de 53 millones de euros de la SEPI a Plus Ultra. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado por corrupción desde 1978.

Energía: transición a golpe de oligopolio y dependencia de EEUU

En energía, la legislatura aceleró el despliegue renovable en el discurso y en capacidad instalada, pero no desmanteló el oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy) ni ha garantizado una transición justa. El Gran Apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin suministro a toda la Península Ibérica durante horas, con entre 5 y 8 fallecidos y pérdidas estimadas entre 800 y 4.500 millones de euros. Un año después sigue sin haber dimisiones ni ceses: Beatriz Corredor sigue al frente de Redeia y Sara Aagesen en el Ministerio. La CNMC abrió decenas de expedientes sancionadores, pero el silencio institucional y la opacidad sobre los datos de las instalaciones privadas fueron denunciados como estrategia de elusión. Bruselas abrió expediente a España por no presentar a tiempo el plan actualizado de preparación ante riesgos eléctricos. Este mismo año, Red Eléctrica ha activado el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) en récord de ocasiones, ordenando a la industria detener procesos por “alta tasa de indisponibilidad térmica y baja generación renovable”.

Las grandes eléctricas siguieron registrando beneficios millonarios: en 2025, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol superaron los 12.400 millones de euros de beneficio neto (+11%). Iberdrola lideró con 6.285 millones; Endesa, 2.198 millones; Naturgy, récord de ~2.023 millones. Desde *El Salto* y *Público* denuncian que el oligopolio chantajea con recortes de inversión si no se mejoran las rentabilidades, mientras bloquea o diluye gravámenes a beneficios extraordinarios y frena la democratización del sistema. La legislatura ha dejado facturas inestables, caras, riesgo de apagones y una industria sometida a paradas mientras el oligopolio consolida sus márgenes de beneficio.

Paralelamente, mientras Pedro Sánchez finge “enfrentarse a Trump”, la dependencia energética española hacia EEUU se ha consolidado: en 2025, el Estado español importó 111.660 GWh de GNL estadounidense, el 30% del total, el doble que en 2024, y 9,334 millones de toneladas de crudo, el 15,2% del total, manteniendo a EEUU como principal suministrador de petróleo y alcanzando cifras récord en importación estadounidense.

Amnistía del procés para salvar la legislatura y colisión institucional

La amnistía del procés catalán ha sido otra de las piezas delicadas de la investidura de Sánchez tras las elecciones de julio de 2023. La Ley Orgánica 1/2024, publicada en el BOE el 11 de junio de 2024, se negoció como condición *sine qua non* con Junts per Catalunya y ERC para obtener los votos necesarios. El Gobierno la presentó como instrumento de “distensión” y “convivencia”, pero desde la izquierda extraparlamentaria y los movimientos independentistas y antirrepresivos se subrayó su carácter de moneda de cambio político para sostener la legislatura, sin abordar de raíz la judicialización del conflicto ni la represión estructural. La norma amnistiaba actos vinculados al proceso independentista entre 2011 y 2023, pero su aplicación a los máximos responsables quedó bloqueada durante más de dos años por la resistencia del Tribunal Supremo, generando un conflicto institucional abierto que el Tribunal Constitucional resolvió a favor de la aplicación urgente de la medida a las puertas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

Igualdad y Memoria Histórica: distancia entre el relato y los hechos

La legislatura de PSOE-Sumar se abanderó como “la más feminista de la historia”, pero según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (datos 2024), las mujeres percibieron de media 26.904,90 euros anuales frente a 32.057,55 euros de los hombres, una brecha del 16,1% que rompe once años de descensos leves. A esto se suman los graves escándalos en torno al sistema de protección de víctimas (como el fallo en las pulseras “antimaltrato” gestionado por la UTE Vodafone-Securitas) y la cascada de denuncias por acoso y conducta machista que han sacudido a cargos orgánicos e institucionales del propio partido en el gobierno.

En materia de memoria histórica, la Ley de Memoria Democrática ha derivado en gestos cosméticos y polémicas intervenciones (como el proyecto en el Valle de Cuelgamuros o la resignificación en Iruñea y Santoña), mientras continúan vigentes la Ley de Secretos Oficiales de 1968, la retención de decenas de miles de cajas en los archivos del Ministerio del Interior y el archivo sistemático de querellas por crímenes del franquismo.

Parálisis legislativa y presupuestaria: el agotamiento del modelo

La parálisis legislativa y presupuestaria de la XV Legislatura no tiene precedentes desde 1978. Por primera vez, una legislatura completa se cierra sin aprobar ni un solo Presupuesto General del Estado propio: los de 2023 se prorrogaron automáticamente en 2024, 2025 y 2026. Lejos de congelar el gasto, la prórroga ha generado un uso masivo de ampliaciones y transferencias de crédito discrecionales por más de 330.000 millones de euros. El bloqueo parlamentario permanente y la dependencia de Junts terminaron por desbaratar la legislatura con el rechazo definitivo de los decretos de vivienda. Los parches institucionales no han alterado la tendencia regresiva general ni protegido a los sectores empobrecidos: la transferencia regresiva de la renta mediante la vivienda y el rearme militar se han impuesto sobre las prioridades sociales, agotando el margen de maniobra de un Gobierno que deja tras de sí un profundo descontento en la clase trabajadora.