Eliminar las penalizaciones para quienes acrediten largas carreras de cotización

Eliminar las penalizaciones para quienes acrediten largas carreras de cotización

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CGT Jardinería Madrid / Acción Sindical / Pensiones
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La muerte no puede ser la «solución» a la injusticia de las largas carreras de cotización

Análisis crítico sobre la negativa gubernamental a eliminar las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas tras décadas de trabajo en sectores de desgaste como la jardinería.

CGT Jardinería Madrid
21 de octubre de 2026
Acción Sindical y Pensiones Públicas
Acción sindical · Pensiones públicas

El debate sobre las jubilaciones anticipadas vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de justicia social: ¿por qué una persona que ha cotizado durante más de 40 años debe soportar una reducción permanente de su pensión cuando decide retirarse antes de la edad ordinaria?

Desde CGT Jardinería Madrid defendemos que una vida laboral prolongada, marcada muchas veces por el esfuerzo físico, la exposición a riesgos y el desgaste acumulado, merece una respuesta que tenga en cuenta la realidad de quienes trabajan. No es lo mismo llegar a la jubilación después de cuatro décadas cotizadas que hacerlo tras una carrera mucho más corta.

La reivindicación de eliminar las penalizaciones para quienes acrediten largas carreras de cotización no es nueva. Las organizaciones de pensionistas llevan años reclamando una solución. Mientras tanto, las personas afectadas siguen afrontando una decisión difícil: continuar trabajando cuando sus condiciones físicas o personales pueden no permitirlo, o anticipar su jubilación aceptando una merma económica que puede mantenerse durante toda la vida.

El Gobierno pone el coste sobre la mesa. ¿Y la justicia?

La respuesta atribuida al Gobierno cifra en 3.358 millones de euros anuales el coste bruto estimado de eliminar las penalizaciones objeto de esta reivindicación. Es una cantidad importante, que debe analizarse con transparencia y con una metodología pública.

Pero dar una cifra no cierra el debate. Es necesario conocer qué colectivos incluye el cálculo, cuántas personas se beneficiarían, qué supuestos se han utilizado y cuál sería el impacto efectivo sobre las cuentas públicas.

3.358 millones € Coste bruto anual estimado por el Gobierno

Una estimación que debe explicarse y someterse a escrutinio público. La cifra, por sí sola, no demuestra que la medida sea inviable ni permite calcular su coste neto.

También hay que estudiar los posibles efectos fiscales de la medida. El IRPF recaudado sobre las pensiones y los ingresos tributarios asociados al consumo pueden influir en el resultado final, pero su impacto debe calcularse con datos verificables. No basta con restarlos de manera teórica para dar por resuelta la cuestión.

Lo que sí podemos exigir es que las decisiones sobre las pensiones no se limiten a una discusión contable. Detrás de cada porcentaje hay personas, familias y décadas de trabajo. La sostenibilidad del sistema público debe abordarse sin olvidar su finalidad: garantizar una jubilación digna.

La reforma de 2021 no resolvió la reivindicación general

La Ley 21/2021 incorporó un complemento para determinados pensionistas que se habían jubilado anticipadamente de forma involuntaria entre 2002 y 2021. Se establecieron requisitos concretos relacionados con los años cotizados y, en ciertos supuestos, con la cuantía inicial de la pensión.

Fue una medida dirigida a corregir determinadas situaciones, pero no supuso la eliminación general de los coeficientes reductores para todas las personas con largas carreras de cotización.

Por eso, no debe confundirse el reconocimiento de algunos casos con la solución de la reivindicación de fondo. Quienes han cotizado durante décadas siguen reclamando que se revise la penalización que soportan cuando acceden anticipadamente a la jubilación.

Haber trabajado y cotizado durante décadas no debería convertirse en un motivo para aceptar una jubilación económicamente castigada.

Para evaluar el alcance real del complemento de 2021 necesitamos conocer sus resultados: cuántas personas lo han recibido, qué cantidades se han abonado y cómo se distribuyen los beneficiarios. Sin esa información actualizada, es difícil valorar si la medida ha respondido de forma suficiente al problema que pretendía abordar.

Transparencia: queremos los datos, no más excusas

Las organizaciones de pensionistas, los sindicatos y los representantes públicos deben reclamar información completa y comparable sobre la evolución de las jubilaciones anticipadas desde la reforma de 2021.

Como mínimo, exigimos que se publiquen los siguientes datos:

  • Número de jubilaciones anticipadas reconocidas cada año, desde 2021 hasta el último ejercicio disponible.
  • Edad de acceso a la jubilación y años cotizados en el momento de solicitarla.
  • Desglose por régimen de la Seguridad Social y por los colectivos que cuentan con reglas específicas, incluida la referencia correspondiente a Clases Pasivas.
  • Número de personas beneficiarias del complemento establecido por la Ley 21/2021 y cuantía media de las mejoras reconocidas.
  • Metodología, hipótesis y cálculos empleados para estimar el coste de eliminar las penalizaciones a las largas carreras de cotización.

Estos datos permitirían comprobar cómo ha evolucionado la situación y evaluar si las medidas adoptadas han reducido las desigualdades o si persisten problemas que requieren una reforma adicional.

Si existen datos oficiales disponibles, deben facilitarse de forma clara. Si no existen con el desglose solicitado, hay que explicar esa limitación y establecer mecanismos para obtenerlos. La transparencia no es una concesión: es una condición necesaria para debatir con rigor sobre el futuro de las pensiones públicas.

El desgaste laboral no desaparece al cumplir los 50

Para muchas personas trabajadoras, la jubilación anticipada no es una simple elección entre trabajar unos meses más o cobrar antes. La salud, las condiciones del puesto, la pérdida del empleo y las dificultades para encontrar otro trabajo pueden limitar las alternativas reales.

En sectores físicamente exigentes, como la jardinería, el mantenimiento de zonas verdes y otros trabajos manuales, acumular años de servicio puede significar convivir con esfuerzos repetidos, exposición a condiciones ambientales adversas y un desgaste que debe prevenirse durante toda la vida laboral.

A ello se suman las dificultades que pueden encontrar las personas de más edad cuando pierden su empleo. Para demostrar la dimensión de este problema es necesario acudir a estadísticas comparables de desempleo por edades, duración del paro, reincorporación laboral y siniestralidad. No debemos confundir indicadores distintos ni presentar como demostrada una comparación que no hayamos verificado.

La respuesta, en cualquier caso, no puede consistir en obligar a las personas a prolongar su vida laboral a cualquier precio. La prevención de riesgos, unas condiciones de trabajo dignas y una jubilación suficiente forman parte de una misma defensa de los derechos de la clase trabajadora.

El tiempo pasa. La injusticia sigue pesando.

Cuando una reivindicación permanece sin respuesta durante años, sus consecuencias no son abstractas. Las personas afectadas envejecen, afrontan problemas de salud y tienen que organizar su vida con los ingresos de los que disponen. Algunas fallecerán antes de ver reconocida una mejora que llevan años reclamando.

No necesitamos atribuir intenciones ocultas a ningún Gobierno para señalar esa realidad. La demora tiene consecuencias y la falta de una solución mantiene a las personas afectadas en una situación de incertidumbre.

Por eso rechazamos que el debate quede atrapado indefinidamente entre informes pendientes, cálculos que nadie puede contrastar y procedimientos que no se traducen en respuestas concretas. Los datos son necesarios, pero también lo es la voluntad de abordar el problema y dar explicaciones públicas.

La muerte de las personas afectadas no puede convertirse en la solución de una injusticia que sigue sin resolverse.

Nuestras exigencias

Desde CGT Jardinería Madrid defendemos:

  • Eliminar las penalizaciones en la jubilación anticipada para las personas con largas carreras de cotización, mediante una reforma que reconozca los años efectivamente cotizados y establezca criterios justos.
  • Publicar los datos oficiales necesarios para conocer el alcance de las penalizaciones y los resultados de las medidas adoptadas desde 2021.
  • Explicar el coste económico de las propuestas con cálculos transparentes, hipótesis verificables y una evaluación completa de sus efectos presupuestarios.
  • Proteger la salud de las personas trabajadoras durante toda su vida laboral, reforzando la prevención de riesgos y atendiendo especialmente al desgaste de los trabajos físicamente exigentes.
  • Garantizar pensiones públicas dignas y evitar que la jubilación se convierta en una nueva fuente de empobrecimiento para quienes han trabajado durante décadas.

La defensa de las pensiones públicas no es un asunto exclusivo de quienes ya están jubilados. Afecta a toda la clase trabajadora: las condiciones que aceptemos hoy determinarán los derechos de mañana.

Las pensiones públicas se defienden en la calle

La defensa de una jubilación digna exige organización, solidaridad y movilización colectiva. Invitamos a las personas trabajadoras, pensionistas y jóvenes a participar en las movilizaciones convocadas en defensa del sistema público de pensiones.

24 de octubre · 12:00 h · Madrid
De Atocha a la calle Alcalá

CONSULTA LA CONVOCATORIA

No aceptamos que décadas de trabajo se traduzcan en una penalización que impida disfrutar de una jubilación digna. Exigimos información, respuestas y cambios que hagan justicia a quienes han contribuido durante toda una vida al sostenimiento de la sociedad.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos de la clase trabajadora se defienden!

Fuentes y documentación:

Redacción: CGT Jardinería Madrid. Artículo de análisis sindical. Las estimaciones económicas deben interpretarse conforme a las fuentes y metodologías oficiales que las sustentan.

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